El Congreso debate el proyecto de ley que busca informar a los consumidores para una alimentación saludable. En este informe de Quántica Radio te explicamos en qué consiste la iniciativa, por qué es importante como herramienta, quiénes se oponen y qué pasa en otros países.
La problemática de sobrepeso y obesidad no es novedad en Argentina. Hace ya varios años que viene creciendo de manera sostenida. Así lo demuestran múltiples estadísticas de diferentes organismos nacionales e internacionales y los números son verdaderamente alarmantes. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo mostró que entre 2005 y 2018 la obesidad aumentó un 74%. Y especial preocupación genera la situación en los más chicos: en el país, el 41,1% de los niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años presenta exceso de peso, y, según la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, Argentina tiene la tasa más alta de exceso de peso en menores de 5 años de América Latina con un 13,6%. En este sentido cabe destacar que en nuestro país el consumo de sal es el doble y el de azúcar agregado es el triple del máximo recomendado por la OMS. Asimismo, los chicos consumen un 40% más de bebidas azucaradas que los adultos, el doble de productos de pastelería o productos de copetín y el triple de golosinas.
«Es más que sabido que en una población el aumento de exceso de peso está directamente relacionado al consumo de comidas ultraprocesadas y de bebidas azucaradas», explicó a Sputnik Fernando Zingman, médico pediatra y especialista en Salud de Unicef Argentina. «Ese consumo masivo no depende de cada uno sino que hay un bombardeo de marketing, facilidades para la comercialización y cambios de hábitos que tienen que ver con que se pautan los gustos desde muy temprana edad, y nuestro cerebro está predispuesto a que nos gusten las cosas que tienen azúcar, sal y grasas en exceso», agregó. Es por todo esto que en el último tiempo se viene debatiendo en el Congreso sobre una herramienta – ya probada en otras partes del mundo – para combatir esta epidemia que se vive en la Argentina: el etiquetado frontal de alimentos.
Por qué es importante el etiquetado
A fines de octubre la Cámara de Senadores aprobó por amplia mayoría y giró a Diputados el proyecto de Ley sobre Etiquetado de Alimentos, que fija pautas para una alimentación saludable y establece la colocación de una serie de sellos en los envases de alimentos con altos contenidos de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Este etiquetado es una estrategia que puede contribuir a una elección consciente de la comida, con toda la información que se necesita para la toma de decisiones. El que tenemos hoy en día en Argentina no cumple con su principal función que es la de informar y que los consumidores puedan tener en cuenta estos datos nutricionales a la hora de comprar o no determinado producto. Los mismos se presentan de manera confusa en los empaquetados, haciendo casi imposible que podamos distinguir con certeza los alimentos saludables de aquellos que tienen nutrientes críticos en exceso. De hecho, solamente un tercio de la población lee la información de las etiquetas y solo el 13% comprende la información nutricional. Esto vulnera el derecho a la salud, a una alimentación adecuada y a la información. El derecho a la alimentación adecuada es un derecho humano que los Estados tienen obligación de promover y proteger. Se encuentra consagrado en diferentes instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Mientras que el derecho a la información en la relación de consumo está reconocido en el artículo 42 de nuestra Constitución. La información debe ser adecuada y veraz, así como también clara y accesible para todos. Poder comprender la información de los productos que consumimos fortalece la propia autonomía para elegir con libertad. Además, la ley de Defensa del Consumidor complementa la normativa y establece que el proveedor debe suministrar obligatoriamente en forma “cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización”.
Es por eso que la necesidad de cambiar la manera que se trasmite esta última es algo que se viene planteando hace tiempo. Decenas de iniciativas al respecto fueron presentadas en los últimos años por legisladores de distintas orientaciones políticas. Por ejemplo, en 2015 Juan Abal Medina presentó un proyecto para implementar una forma de etiquetado de “semáforo”. Este esquema buscaba informar si el producto a consumir tenía bajos o altos contenidos de sodio, azúcar o grasas. Dependiendo de la cantidad de estos ingredientes, se iría pasando de un color verde -que se entiende como óptimo- al amarillo y luego al rojo -como el más perjudicial para la salud-. En 2017, Oscar Castillo proponía que los fabricantes o importadores de los alimentos debieran incluir en el frente de su empaque un logo de advertencia informando que dicho alimento tienen un alto contenido de sal, azúcar, grasas saturadas o calorías según corresponda. También Victoria Donda presentó un proyecto de Régimen de Etiquetado de Alimentos en 2018 para promover el cuidado de la salud y el derecho a una alimentación sana y responsable. Mientras que el mismo año Ivana María Bianchi, además de buscar que se brinde toda la información referida a un producto de “una manera clara y precisa de modo que un niño de 6 años pueda entenderla”, introdujo que esos alimentos perjudiciales no podrían ser comercializados dentro de establecimientos educativos. Le siguieron iniciativas similares de Vanesa Laura Massetani, Silvia Del Rosario Giacoppo, Cristina Del Carmen Lopez Valverde, Graciela Camaño, Alma Liliana Sapag, entre otras. Finalmente el proyecto que logró semanas atrás media sanción unificó quince iniciativas presentadas por legisladores de todas las bancadas.
¿En qué consiste el proyecto que se debate actualmente?
Como se explicó, busca garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas. De este modo advierte a consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. El proyecto de ley está dirigido a fabricantes, fraccionadores y envasadores. De aprobarse, los alimentos y bebidas correspondientes deberán incluir en la cara principal un sello de advertencia indeleble con forma de octógono de color negro por cada nutriente crítico en exceso: «Exceso en azúcares», «Exceso en sodio», «Exceso en grasas saturadas», «Exceso en grasas totales», y/o «Exceso en calorías«. En caso de contener edulcorantes o cafeína, el envase deberá contener la leyenda precautoria «no recomendable en niños«. Además, la iniciativa prohíbe la publicidad dirigida a niños y adolescentes; resaltar declaraciones nutricionales complementarias que destaquen cualidades positivas o nutritivas; incluir en los envases personajes infantiles, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos; promesas de entrega de obsequios y premios; y la promoción o entrega gratuita.
Pero entonces, ¿por qué a pesar de sus claras buenas intenciones todavía no se aprobó este tipo de etiquetado frontal? Las principales críticas vienen de la industria alimenticia que pide “no demonizar ningún producto”. El sector azucarero argentino es el que manifestó una mayor preocupación. En contra de la iniciativa se expresaron las senadoras tucumanas Silvia Elías de Pérez, del radicalismo; y Beatriz Mirkin, del Frente de Todos; y la riojana del interbloque Parlamentario Federal, Clara Vega, por considerar que la ley afectará al sector azucarero de su provincia. Por otro lado, para el nutricionista Sergio Britos, referente del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA), se trataría de una “mala ley” porque “no estaría legislando con el mejor modelo de etiquetado». Al igual que las senadoras, argumenta que el sistema de advertencia con octógonos negros “es un modelo punitivo, que provoca temor”, y asegura es preferible el sistema de semáforo que orienta a la educación alimentaria del consumidor.
Lo cierto es que, como explica la periodista Soledad Barruti, autora de los libros Malcomidos y Mala Leche, la ley – que está basada en el modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud – afectaría a las principales marcas, ya que la mayoría de los productos que ofrecen tendrían sellos negros y esto no es bien recibido por las empresas, que buscan modificar este aspecto del proyecto.
Qué pasa en otros países
En los últimos años, diversos países de América Latina fueron avanzando en la implementación de políticas que buscan generar un cambio en la cultura alimentaria, para favorecer hábitos de consumo más saludables. Ecuador fue el pionero en la implementación del sistema semáforo, en 2014, con el fin de ayudar a reducir la incidencia de enfermedades causadas por una nutrición deficiente. Este proceso allí tampoco fue simple ni estuvo exento de fuertes negociaciones con la industria. A fines de 2015 el Ministerio de Salud Pública impulsó una evaluación del etiquetado con el objetivo de conocer la percepción por parte de los consumidores. El principal hallazgo de la investigación fue que el sistema gráfico es ampliamente reconocido y comprendido por parte de los consumidores, quienes consideran que brinda información útil e importante.
Mientras que, en 2016, Chile fue pionero al aprobar sellos de advertencia y establecer restricciones correlativas en relación con el diseño de los rótulos y la promoción y publicidad de dichos productos. De acuerdo con un estudio realizado a tres años de implementación de dicha Ley por expertos de la Universidad de Chile, la Universidad de Carolina del Norte y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), se encontró que ni el empleo ni los salarios en la industria alimentaria de aquel país sufrieron un impacto negativo, ya que la misma industria vendió más sus productos sin etiquetado frontal y los que sí contaban con sellos fueron en su mayoría reformulados. Adicional a estos resultados se demostró una disminución de un 14% de la compra de cereales para desayuno; un 25% menos en la compra de bebidas azucaradas; un 17% menos en la compra de postres envasados; y que el 90% de las madres de preescolares, entienden y valoran positivamente los sellos de advertencia.
En Perú todos los alimentos industrializados deben llevar octógonos de advertencia desde junio de 2019. Mientras que en México el nuevo etiquetado que debe advertir claramente del exceso de calorías, azúcares, sodio y grasas entró en vigor oficialmente en octubre de este año. El gobierno pretende lograr así que los mexicanos cuenten con la información necesaria para hacer compras más saludables y, a la vez, que las empresas reformulen la elaboración de sus productos para evitar tener que incluirles estos sellos.
Finalmente, en Uruguay el ex presidente Tabaré Vázquez firmó en septiembre de 2018 un decreto que establecía la implementación del rotulado frontal en los envases de alimentos. La industria tenía 18 meses para adaptarse a la normativa. Sin embargo, el plazo se fue prorrogando y un reciente decreto del Poder Ejecutivo puso nueva fecha para el comienzo del etiquetado frontal obligatorio de alimentos para febrero de 2021.
La lucha contra el sobrepeso y la obesidad es compleja y los resultados se verán a largo plazo. Si el proyecto es aprobado en Diputados, en total habrá casi dos años de transición para su implementación. La información accesible y clara es fundamental para tomar las decisiones adecuadas para tener una alimentación más saludable. Si bien el etiquetado no lo es todo, este proyecto de ley es un gran paso para que Argentina avance en ese camino, que necesitará reforzarse con medidas complementarias como educación alimentaria.
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2 comentarios en «Etiquetado de alimentos: el derecho a la información y la lucha contra la obesidad»